Paraguay, Costa Rica y los baños transexuales.

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Hay una organización a la cual ningún político de los Estados Unidos presta atención pero que esta financiada principalmente por los contribuyentes de los Estados Unidos. Esta organización es la Organización de Estados Americanos, y en las manos del Secretario General Luis Almagro está siendo utilizada para destruir el orden jurídico y la estructura social de América Latina.

Durante los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte), han sido las incubadoras de los incesantes ataques a los valores tradicionales de América Latina.

Bajo una teoría socialmente progresistas y de derecho en evolución, estos organismos han atacado a los países que protegen el derecho a la vida, clasificándolos como naciones retrógradas.

A pesar de la retórica hueca de la diversidad y la tolerancia, la misión principal de este organismo internacional parece ser la intimidación de las naciones con el fin de redefinir la institución del matrimonio y eliminar las protecciones legales de los no nacidos y todas las otras costumbres tradicionales orientadas en torno a la familia. Sorprendentemente, hacen todo esto en nombre de los derechos humanos con contribuciones provenientes en su mayor parte de los Estados Unidos. El dinero se da con casi ningún requisito y los resultados han sido devastadores para América Latina.

Apenas el año pasado, la Comisión intentó forzar a la nación pro-vida de Paraguay a que permitiera que los elementos feministas radicales (que montaron una campaña de desinformación internacional) obligaran a un joven víctima de incesto a abortar su hijo no nacido en contra de los deseos de la menor y en contra de los deseos de su familia. Paraguay resistió con valentía y como resultado hay una ciudadana paraguaya mas, una bebé llamada Milagros que sobrevivió el intento de asesinato por parte de activistas de “derechos humanos.”

Apenas el mes pasado, la Corte emitió una orden intentando forzar a la nación soberana de Costa Rica a legalizar los procedimientos médicos que el más alto tribunal de ese país ya había decidido violentaba el derecho constitucional a la vida de los niños no nacidos. El Tribunal interamericano dictaminó que la nación centroamericana había protegido en exceso los seres humanos en la etapa embrionaria de desarrollo.

Pero tal vez el asalto más flagrante y abierto en contra de los valores tradicionales ha sido el uso incesante de la Comisión y la Corte como instrumentos de ingeniería social para promover los derechos especiales para los homosexuales, transexuales, transvestis, bi-sexuales y otros en esta lista que nunca deja de evolucionar nuevas “identidades de género.” La Comisión tiene incluso un grupo de trabajo especial dedicado sólo al avance y la ejecución de esta ideología radical de género en América Latina.

En un aparente guiño al movimiento homosexual radical en los Estados Unidos, la sede de la Comisión recientemente eliminó el baño de las mujeres de sus oficinas en Washington DC y lo reemplazaron con un baño de “género neutro”. Evidentemente, los hombres latinoamericanos se sintieron incómodos de que las mujeres entraran en su cuarto de baño, por lo que retuvieron el baño exclusivamente para los hombres mientras eliminaban el baño de mujeres por completo. La ironía es que el machismo latinoamericano pueda coexistir con la ideología de género radical que denuncia constantemente el “patriarcado.”

Para muchos, el tema de los baños transexuales parece una parodia barata de los verdaderos derechos humanos . No se trata que nada mas y nada menos que de una ideólogos de género radical que florece tanto en los Estados Unidos, como en Europa; en la ONU y en la OEA, pero no en Latinoamérica donde la promoción de la inmoralidad sexual es un asunto de risa en comparación con los verdaderos temas de derechos humanos.

Para poner en contexto el nivel de demencia de genero, considere el hecho de que el viaje a Carolina del Norte está siendo prohibido por varias instituciones publicas por el mero hecho que el estado está tratando de permitir que las mujeres y niñas que tienen su propio baño. Mientras tanto, el viajar a Cuba está siendo alentado por el gobierno de los Estados Unidos, la ONU, la OEA etc.. sin tener en cuenta que los ciudadanos de ese país no tienen ni siquiera el derecho al voto. Bienvenido al mundo absurdo de la defensa de los “derechos humanos”.

Al igual que todas las burocracias, estas organizaciones interamericanas se esconden detrás de una verdadera fortaleza de siglas. La OEA, la CIDH, la Corte IDH, el TIJ, MESECVI, la CIM y la lista es casi infinita al igual que las resoluciones que producen. Estas organizaciones opacas e inexplicables se enlazan a la perfección con las organizaciones dentro de las burocracias nacionales de los países miembros de la OEA para poner en práctica los objetivos políticos que de ninguna manera serian adoptadas democráticamente dentro de los estados. Cuando los estados se niegan o demoran en adoptar estas recomendaciones radicales, la Comisión y la Corte le tuercen el brazo a través del sistema judicial interamericano.

La Comisión actúa como un híbrido de un tribunal de primera instancia, un comité de investigación legislativo, y un bufete de interés publico en pro de los derechos humanos. Debido a que la Comisión fue creada a través de la carta de la Organización de los Estados Americanos, los 35 países del continente americano están sujetos a su jurisdicción, pero sus decisiones no son típicamente vinculantes, lo que significa que sus fallos sirven más o menos como recomendaciones a los países miembros. En cambio, la Corte sólo tiene jurisdicción sobre aquellos estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como el Pacto de San José), pero ante todo, pretende ser vinculante. Los Estados Unidos nunca ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en parte, por el deseo de proteger la soberanía nacional e irónicamente por entender que el firmar la convención significaría un reconocimiento explícito de todos los seres humanos como sujetos de derecho y un reconocimiento específico del derecho a la vida desde la concepción.

Dicho esto, en virtud de las teorías progresistas de interpretación jurídica que están de moda, el tribunal ya no siente la necesidad de proteger los derechos que se enumeran en los tratados, ni pretende fundamentar la creación de nuevos derechos con nada más que una versión latinoamericana de las “emanaciones” de las “penumbras” de los famosos casos abortistas de los Estados Unidos. Tanto la Comisión como la Corte, con la plena aprobación de la administración de Obama están impulsando un activismo judicial demoledor en Latinoamérica.

Pero en esta historia aún existe un rayo de esperanza. La semana pasada, en la conclusión de las sesiones ordinarias de la Comisión, donde se permite que las organizaciones de la sociedad civil soliciten a la Comisión convocar a los representantes de los gobiernos para responder a preguntas sobre cuestiones de derechos humanos, la Comisión anunció algo muy importante. La Unión Europea, que junto con los Estados Unidos proporcionaba la mayor parte de los fondos de la Comisión, retirará su financiación de la Comisión en su intento de hacer frente a la crisis de los refugiados de Oriente Medio en Europa. En su comunicado de prensa oficial, la Comisión rogó a los jefes de estado desembolsar los fondos necesarios con el fin de que la Comisión pueda seguir llevando a cabo su misión.

Se necesita un llamado a la acción en el Congreso de los Estados Unidos. Para aquellos que se preocupan por el estado de derecho, la democracia, la soberanía nacional, y sobre todo para aquellos que se preocupan por los valores tradicionales, esta es la oportunidad de ejercer el poder del fisco y llevar el liderazgo a nivel hemisférico.

Los días en que la Organización de Estados Americanos y sus numerosos burócratas eran una forma de que los Estados Unidos influyeran positivamente en las cuestiones políticas, económicas y sociales en América Latina se acabaron hace mucho tiempo. Desde el puesto de Secretario General, al de recepcionista, la Organización de los Estados Americanos, y en especial su rama judicial, es ante todo una incubadora para los marxistas de la izquierda dura.

Es simplemente imperdonable que un congreso republicano autorice a ciegas, o incluso llegue a aumentar, sus contribuciones a esta organización subversiva.

En vez de aprobar los fondos a ciegas, el congreso de los Estados Unidos debería llevar a cabo una audiencia en el Congreso con el propósito de desenmascarar la ingeniería social radical que se está llevando a cabo con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos. El congreso debería acondicionar inmediatamente cualquier apoyo económico a que se lleve a cabo una reversión drástica y abandono del activismo judicial y de la ingeniería social.