La Corte Constitucional de Colombia permite la adopción de niños por parejas homosexuales

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La máxima Corte de Colombia aprobó la adopción por parte de homosexuales con el argumento de favorecer el derecho del menor a ‘tener una familia’. Fueron seis votos a favor y dos en contra.

Bogotá | 5 de noviembre de 2015 | La Corte Constitucional de Colombia aprobó ayer la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. El debate se extendió por más de nueve horas y concluyó con seis votos a favor y dos en contra.

En la votación, la mayoría de los magistrados siguieron la ponencia del juez Jorge Iván Palacio, quien sostuvo que “la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral”.

Según dijo, así “lo indican las experiencias recogidas del derecho comparado, entre las que se destacan decisiones  y fallos de tribunales internacionales donde siempre se ha tenido en cuenta la primacía de los derechos de los menores y la evidencia probatoria debidamente acopiada”.

El fallo incidirá en el Código de Infancia y Adolescencia que contempla, como es habitual, sólo a parejas constituídas por un hombre y una mujer como candidatos para adoptar.

La Corte Constitucional ya había abordado la adopción por parte de homosexuales en 2014 al resolver la tutela de dos niños en favor de una pareja integrada por Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero, debido a que los menores eran hijos biológicos de una de ellas. El pronunciamiento se aplicaba exclusivamente para ese caso.

En febrero de éste año el asunto fue de nuevo tratado, y en una votación muy cerrada, 5 magistrados votaron contra la adopción de menores por parte de parejas homosexuales y cuatro a favor, sin embargo, se determinó una excepción: cuándo el menor en cuestión fuera hijo biológico de uno de los integrantes de la relación. Por tanto, la puerta quedó abierta.

En ésta ocasión, la Corte recibió una nueva demanda contra los artículos 64, 66 y 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia. La ponencia (o relatoría) del caso recayó en el juez Jorge Iván Palacio quien adoptó una estratégia diferente a la expuesta en las dos ocasiones pasadas. Defendió no el presunto ‘derecho’ de adopción por parte de parejas del mismo sexo sino el derecho del menor a tener una familia.

Con ello, reformuló – de forma implícita – el concepto de familia y sentó un precedente jurídico que puede ser usado en futuras tentativas de legalizar las uniones homosexuales como si fueran matrimonios.

Palacio, un declarado simpatizante de la agenda gay, es acusado por organizaciones ciudadanas de prevaricación y exigen su renuncia a la Corte Constitucional pues resulta que el padre biológico de los niños (el donador de esperma) del fallo del año pasado es sobrino del magistrado. Por tanto, debería de haberse declarado impedido y no lo hizo. Si él no hubiera votado, la tutela hubiera sido rechazada.

El Gobierno de Juan Manuel Santos mostró su apoyo a la decisión de la Corte a través del Ministerio de Justicia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Yesid Reyes, ministro de Justicia, aseguró a la prensa local que el fallo de la Corte va “en la dirección correcta” porque “deja en claro que la orientación sexual de las personas no incluye ningún impedimento o minusvalía desde el punto de vista físico, ni mental ni moral para adoptar niños”.

Afirmó que, si bien la Corte había dado pasos significativos, el nuevo fallo “es todavía más importante porque elimina cualquier tipo de limitación y garantiza eliminar la evidente discriminación con la que convivimos hasta ahora”.

Por su parte el ICBF, a través de un comunicado, manifestó que “se declara respetuoso de las decisiones judiciales y acata la decisión”.

Las diversas organizaciones LGBT del país celebraron la decisión. Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, dijo que fue “un paso histórico” aunque “queda mucho por hacer para todos nuestros derechos sean plenamente reconocidos, el matrimonio igualitario es todavía un punto pendiente”.

Para la Iglesia Católica es falso que el fallo de la Corte Constitucional haya velado por el bien supremo de los niños. “Acá se les está dando la primacía a adultos y los niños tienen que sufrir una elección que no hicieron ellos porque no tienen capacidad de decisión y les obligan a tener por papá y mamá a dos hombres o dos mujeres”, afirmó Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón.

En declaraciones al periódico El Tiempo, el prelado denunció que la Corte asumió funciones que no le corresponden incurriendo en un ámbito que, de suyo, es propio del Legislativo, cambiar las leyes existentes y hacer nuevas, no es responsabilidad de magistrados.

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