El estado de Florida es obligado a aceptar el ‘matrimonio gay’, los obispos católicos reaccionan

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Desde el 2 de enero, todos los condados de Florida son obligados a emitir licencias de matrimonio para personas del mismo sexo. La decisión fue impuesta via judicial a pesar del rechazo de la mayoría de la población y de diversas organizaciones ciudadanas; los obispos católicos han reaccionado advirtiendo lo efectos nocivos que generará.

Miami | 7 de enero de 2015 | Desde los primeros minutos de ayer, 6 de enero, Florida es el estado número 36 de la Unión Americana donde es posible celebrar legalmente ‘matrimonios’ entre personas del mismo sexo, gracias a una polémica decisión impuesta por via judicial.

El intenso activismo de algunas organizaciones homosexuales consiguió neutralizar una determinación local de 2008 – votada favorablemente por la mayoría de los ciudadanos – que eliminaba toda posibilidad de celebrar éste tipo de uniones en cualquiera de los 67 condados de Florida, al modificar la constitución del estado para explicitar que el matrimonio era una institución natural conformada por un hombre y una mujer.

Una decisión del juez federal de distrito, Robert Hinkle, estableció en agosto del año pasado, y ratificó hace unos días, el 31 de diciembre, que la afirmación del matrimonio natural realizada por el pueblo de Florida era ‘inconstitucional’ y determinó que a partir de los primeros minutos del 6 de enero del año en curso los empleados judiciales de todos los condados del estado están obligados a emitir licencias matrimoniales para ‘cualquier pareja’ que las solicite, incluyendo a las del mismo sexo.

La imposición del juez federal irritó a una parte de los actuarios locales que se niegan a celebrar uniones homosexuales como si fueran verdaderos matrimonios, así como a organizaciones civiles que consideran que la decisión es una violencia ejercida contra la población del estado, amparada en una interpretación distorcida de la Constitución.

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida manifestó su inconformidad con la publicación de una declaración en la que advierte que el fallo del juez Hinkle, extrapolando su competencia, realiza una indebida redefinición de ‘matrimonio’ civil.

Consideran que las consecuencias de éste hecho serán graves y de largo alcance en la sociedad, sobretodo por la expresa violación del derecho de los niños a tener una madre y un padre.

Además, subrayan que la decisión judicial es
una imposición que “amenaza tanto la libertad religiosa como la libertad de los individuos a la objeción de conciencia”.

“El matrimonio basado en la complementariedad de los sexos es la base sanguínea de la familia, y la familia es la base de nuestra sociedad. La crisis que, tristemente, está experimentando la familia hoy en día, se verá agravada por la imposición de esta redefinición del matrimonio”.

Los 13 prelados de la región afirman que la sociedad debe redescubrir el papel insustituible de la madre y del padre, que ofrecen “dones únicos para la educación y crianza de los hijo” y anuncian que sus parroquias y grupos laicales estarán disponibles para “ayudar a aquellos que buscan comprender la verdad y la belleza del matrimonio”.

La carta puede ser leída aquí.

Un intenso, impopular y persistente lobby

En 2008 el estado de Florida convocó a votaciones para realizar reformas sobre la definición de matrimonio en la Constitución local. Era una forma de enfrentar las intensas presiones que organizaciones de homosexuales ejercían en los diversos condados del estado para obtener la emisión de licencias de matrimonio.

Algunos condados ya se habían negado a ‘casar’ personas del mismo sexo y habían manifestado a través de la Asociación de Secretarios de Cortes de Condados de la Florida su inconformidad delante de las embestidas del lobby gay, impulsadas especialmente por la American Civil Liberties Union of Florida (ACLU), que defiende una agenda de ideología de género, y una pequeña entidad pro homosexual denominada SAVE.

Delante de ésta situación la organización ciudadana Florida Family Policy Council impulsó la iniciativa conocida como ‘Enmienda 2’, que reforzaba el matrimonio natural en el estado, consiguiendo un amplio apoyo popular.

La ‘Enmienda 2’ fue a votación plebiscitaria y obtuvo una aprobación de 62 por ciento de los electores del estado.
Inconformados con el resultado, inmediatamente la ACLU y SAVE movilizaron a parejas homosexuales para que demandaran judicialmente al Estado de Florida alegando ‘violación de sus derechos’ y ‘discriminación’.

Las demandas caminaron lentamente hasta que, en julio del año pasado cuatro jueces de circuito Luis García, Sarah Zabel, Diana Lewis y Dale Cohen declararon, en desiciones separadas, ‘inconstitucional’ que el Estado de Florida contemplara el matrimonio como una institución natural conformada entre un hombre y una mujer y ordenaron que los condados reconocieran el ‘matrimonio homosexual’.

Pero tales órdenes quedaron en suspenso debido que la procuradora general de Florida, Pam Bondi, interpuso apelaciones defendiendo la autonomía del estado y la constitucionalidad de la determinación popular de 2008.

El 21 de agosto, el juez federal de distrito, Robert Hinkle, apoyando a los jueces de circuito, sentenció que el estado de Florida estaba actuando de forma ‘inconstitucional’.

El estado de Florida apeló, pero la Suprema Corte y la Corte de Apelaciones del 11 Circuito, en Atlanta, rechazaron los recursos. Así, el juez Hinkle confirmó el 1 de enero de éste año que los funcionarios del condado estaban obligados a atender ‘a cualquier persona’ que solicitara una licencia matrimonial, incluyendo parejas homosexuales. Y anunció que su fallo hacía cesar la determinación popular de Florida a las cero horas del martes 6 de enero.

Esta decisión judicial dejó con las manos atadas a los actuarios de los 67 condados de Florida obligándolos a emitir licencias matrimoniales. Algunos condados se niegan a obedecer, como los del norte del Estado y de la bahía de Tampa, que suspendieron desde éste martes 6, la emisión de licencias de matrimonio para no verse en la obligación de ‘casar’ a parejas del mismo sexo.

La procuradora Bondi, colocada contra la pared, declaró, el mismo 1 de enero por la noche, que el estado no tratará de bloquear a los secretarios del condado otorguen licencias, pero fue cuidadosa de no afirmar que obligará a que las den.

“Mi oficina no se interpondrá en el camino cuando los secretarios de las cortes del condado determinen cómo debe procederse”, anunció.

La molestia es visible entre los ciudadanos de Florida que votaron mayoritariamente contra el ‘matrimonio gay’ y que consideran estar presenciando una imposición autoritaria para favorecer a una minoría ideologizada y políticamente organizada.

Un ‘botón de muestra’ es la opinión de Mario Salazar, un morador de Miami que trabaja como director de ventas de informática en la empresa Coral Gables. Al ser cuestionado por el periódico El Nuevo Herald manifestó su perplejidad e incomodidad de forma clara.

“Para ser honesto, yo no creo que eso sea un derecho constitucional [el ‘matrimonio’ homosexual], es una elección […] Todo el mundo tiene derecho a vivir su vida a su gusto. Pero ellos quieren que las cosas se hagan a su manera o no se hagan, tuvieron su oportunidad y perdieron”, dijo.

“El pueblo e Florida emitió su juicio en votación libre con respecto a éste tema, y la mayoría no está de acuerdo con los jueces. Lo que está pasando ahora es todo una imposición política”, concluyó.

Los números parecen confirmar esta opinión, según los datos del últimos censo estadounidense, el estado de Florida tiene 20 millones de habitantes, de los cuales sólo 97 mil viven uniones homosexuales. Se trata de 0.48% de los ciudadanos, de los cuales no puede asegurarse que todos deseen formalizar su unión.

La decisión federal de 2013: una ‘piedra fundamental’ para el lobby 

La imposición al estado de Florida de la sentencia judicial de Robert Hinkle no habría sido posible sin un antecedente relevante: la polémica decisión que la Suprema Corte de la Nación tomó el 26 de junio de 2013.

El Tribunal Supremo declaró ‘inconstitucional’ la Ley de Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act, conocida como ley DOMA por sus siglas en inglés) promulgada en 1996, que reconocía el matrimonio como la unión legal entre un hombre y mujer.

El fallo argumentaba que “DOMA es inconstitucional como una deprivación de la igualdad de libertad de las personas protegidas” por la ley fundamental del país.

La decisión fue mayoritaria pero no fue unánime, cinco jueces votaron a favor y cuatro en contra.

A pesar de la decisión de la Suprema Corte, cada estado, en teoría, quedó con liberta de conservar su propia legislación en la materia, pero sentó un grave precedente al ‘redefinir’ el concepto legal del matrimonio desde una perspectiva ideológica.

La decisión de la Corte fue tan determinante que activistas y abogados del lobby gay confirman el “vertiginoso avance” que a raíz del fallo han experimentado las demandas contra los estados o condados que se niegan a reconocer el ‘matrimonio homosexual’.

“Todo este trabajo ha sido como un maratón, que aunque fue planteado para resultados de largo plazo, [gracias al fallo de 2013 en la Suprema Corte] no sólo este caso, sino todo el movimiento de igualdad matrimonial hemos progresado a una velocidad vertiginosa”, valora la abogada de Miami Beach Elizabeth Schwartz.

En junio de 2013, fecha del fallo, sólo el Distrito de Columbia (DC) y 9 estados de un total de 50 reconocían la unión homosexual como ‘matrimonio’. Hoy, un año y medio después, son 36 estados, contando Florida. En ellos habitan, aproximadamente, 70 por ciento de los estaounidenses.

El respaldo económico del sector turístico

Otro factor relevante en el proceso de legalización del ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo en Florida fue el apoyo activo de instituciones y empresas que promueven el turismo en Florida y buscan explotar el ‘nicho de mercado’ que representa el llamado ‘turismo gay’.

En declaraciones al diario Miami Herald, Nicki Grossman, presidente de la oficina de convenciones y visitantes de la empresa Gran Fort Lauderdale, afirmó que la nueva configuración legal representa la entrada de millones de dólares a la región y, sin rubor alguno, se colocó abiertamente como un miembro de “esa lucha”.

“Una de las cosas que deseamos hacer saber a nuestros amigos de la comunidad LGBT alrededor del país es que hemos obtenido finalmente la oportunidad por la que hemos trabajado y luchado, que es tenerlos legalmente casados en uno de sus lugares favoritos para irse de vacaciones”, declaró.

Una pesquisa divulgada por el Instituto Williams de la Escuela de Leyes de la Universidad de California, un think tank que abiertamente articula en favor de una agenda de ideología de género, afirma que durante los próximos tres primeros años el estado tendrá, gracias al reconocimiento del ‘matrimonio gay’, una derrama económica de 182 millones de dólares.

Además, subraya que 12 millones de dólares adicionales podrán ser recaudados por concepto de tasas cobradas en los condados para emitir las licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo. Los precios varían de condado a condado, pero puede considerarse un promedio de 90 dólares por trámite.

En vista de tales previsiones, el condado de Miami-Dade, uno de los pocos condados en el estado que se manifestó activamente a favor del reconocimiento del ‘matrimonio gay’, ha convocado a las parejas homosexuales de todo el país a participar en un concurso de “historias de amor”, que será premiado con una estancia de una semana en Miami Beach. Todos los gastos serán pagados, es claro, con recursos públicos del Condado, obtenidos a través de los impuestos cobrados a una población que en 2008 dejó claro que es mayoritariamente contraria al reconocimiento legal de éste tipo relaciones.

– Notifam