En nuestras clínicas no se harán abortos, avisa el rector de la Universidad Católica de Chile

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La presidente Bachelet pretende liberar el aborto en Chile. El rector de la Universidad Católica responde: ‘en nuestras clínicas no habrá abortos’. La reacción oficialista no se hace esperar y comienzan las presiones.

Santiago, Chile | 2 de febrero de 2014 | El rector de la Pontifícia Universidad Católica de Chile (PUCC), Ignacio Sánchez Díaz, afirmó que la red de clínicas de la institución a su cargo no realizará abortos aun cuando el Congreso llegara a aprobar la iniciativa de ley propuesta por la presidente Michelle Bachelet para legalizar en el país el asesinato de bebés en el vientre materno.

“En nuestra institución no se realizarán abortos, estos procedimientos tienen como objetivo primario eliminar la vida de un inocente […] Nuestros principios y valores más profundos no van a cambiar por un determinado proyecto de ley. Esto es definitivo”,  advirtió en una entrevista publicada ayer por el diário chileno La Tercera.

Sánchez Díaz subrayó que ningún médico que trabaje en la red de salud de la PUCC podrá practicar abortos y que aquellos que estén dispuestos a realizarlos deberán dejar la institución.

“Los profesionales que trabajan en nuestra universidad adhieren de manera libre e informada a la Declaración de Principios, que explicita de forma clara que el respeto a la vida es un bien mayor y principal en nuestro quehacer médico. Si hay profesionales que están disponibles para realizar abortos, deberán ir a trabajar a otros lugares en donde esta práctica se realice y acepte”, explicó.

La PUCC administra la Red de Salud UC – Christus, que cuenta con tres clínicas, ocho centros médicos, tres centros de salud familiar, un laboratorio y un banco de sangre. Emplea a poco más de mil 200 médicos y tres mil trabajadores, anualmente interna a 25 mil pacientes, realiza cerca de dos millones de exámenes y más de 500 mil consultas médicas.

La ‘Ley Bachelet’

Las declaraciones del rector son una respuesta a la tentativa del actual gobierno socialista de implantar el aborto por primera vez en Chile. Actualmente, el asesinato de nascituros es crimen en el país bajo cualquier circunstancia.

La presidente Michelle Bachelet presentó al Congreso el pasado sábado, 31 de enero, un proyecto de ley que “regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”. El texto considera no punible el aborto cuando (i) hay riesgo – “presente o futuro” – para la salud de la madre, (ii) el bebé es portador de un padecimiento congénito o genético “incompatible con la vida extrauterina”, o (iii) el embarazo es resultado de una violación.

Aunque el gobierno defiende que se trata de una ley “limitada a tres supuestos específicos”, el primer supuesto, en la practica, instituye el “aborto libre”, ya que el ‘riesgo’ para la madre se establece con criterios Organización Mundial de la Salud (OMS), que entiende salud como “estado de bienestar”.

Desde ésta perspectiva, si un embarazo altera o daña el bienestar físico, sicológico o social, “presente o futuro” de la gestante, quedaría legitimada para terminar con la vida de su hijo. Es la misma estrategia que se utilizó en España para legalizar de hecho el aborto. Allí 97% de los abortos ‘legales’ se realizan hoy bajo esta causal.

El proyecto de ley, que será discutido por el Congreso para su eventual aprobación, también hiere la autoridad de los padres de familia que no podrán intervenir en caso de que una hija, menor de edad, quiera abortar. Un juez de familia decidirá por ellos.

Otro aspecto polémico es la limitación al derecho de objeción de conciencia por parte de los médicos, pues se determina que el profesional “tiene el deber ético de informar de forma oportuna cuando una paciente se encuentra en estas causales”. En la practica, si un médico se niega a orientar a una mujer a abortar, por ejemplo, en caso de un bebé con “espina bífida”, podrá ser procesado judicialmente. Lo mismo en caso de quien se niegue a indicar el aborto a una mujer que fue violada.

El gobierno quiere debate, pero sin argumentos ‘provida’

La reacción del gobierno no se hizo esperar, y llegó hoy por dos frentes: desde el Ejecutivo y desde el Legislativo.

El Vicepresidente de la República, Rodrigo Peñailillo, indicó que el gobierno desea un “diálogo maduro, respetuoso, tolerante” respecto al aborto, “un debate a la altura de lo que el país pide”, pero se apresuró a descalificar al rector catalogando sus declaraciones como “destempladas” y asegurando que “no contribuyen en nada a un debate de fondo”.

Por su parte, el ministro Vocero de Gobierno, José Antonio Gómez, confirmó la posición el vicepresidente en la prensa local y afirmó taxativo que “la ley será obligatoria para todos”.

En el legislativo, Fulvio Rossi, senador del Partido Socialista (PS), aseguró que “nadie esta por sobre la ley, […] el Estado tiene derecho a exigir que la ley se cumpla y eso no excluye ni a las clínicas ni a la universidad”. Apuntó “como agravante” el hecho de que la PUCC reciba “importantes recursos públicos” para financiar la educación y las propias clínicas que administra.

Los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric, emplazaron a Sánchez Díaz a “no pedir fondos públicos si no está dispuesto a cumplir ley”. Ambos son legisladores sin sigla, “independientes”, pero miembros de la coalición de izquierda Nueva Mayoría, y fueron dirigentes estudiantiles. Jackson es egresado de la PUCC.

En respuesta, el rector de la PUCC ratificó hoy sus declaraciones en entrevista concedida a CNNChile y cuestionó la validez de los amagos de los tres legisladores. Explicó que la PUCC no recibe dinero estatal como lo recibe cualquier servicio público, a través de un monto previo para poder operar.

Los “fondos públicos” que “reciben” vienen del hecho de que aproximadamente 60% de las personas que se consultan en la Red de Salud UC – Christus son afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y, como tales, tienen derecho de escoger con libertad quién les brindará servicios médicos que requieren. Se trata de un copago por servicios prestados.

“Ellos nos escogen, porque aspiran a un sistema de calidad como el nuestro, es una libre elección. Y Fonasa nos paga el servicio al que ellos tienen derecho”, explicó.

“Si los diputados piensan que la libre elección no debe darse más, bueno, ellos trendrán que explicarles a los más de dos millones de chilenos que confían en nuestro sistema por qué no podremos seguir prestando una salud de calidad y al alcance de la gran mayoría de las familias chilenas. No hay que mezclar las cosas”, dijo.

Para el rector, el que la universidad asuma una postura provida no “rebaja el debate”, por el contrario, “estamos dando nuestros argumentos y estamos muy abiertos al diálogo, al intercambio de ideas, pero también estamos diciendo que tenemos como principio muy central la protección de la persona humana, de la vida. Ninguna ley que apruebe o no el parlamento va a hacer que en nuestra institución se hagan abortos”.

Lea el proyecto de ley aquí.

Participe aquí en una campaña para frenar la iniciativa de ley e Bachelet.

– Notifam