Compendio de argumentos médicos y jurídicos desenmascara las inconsistencias de la iniciativa abortista de Bachelet

Vademecum del Aborto

Chile es Vida, una red que reúne más de setenta organizaciones civiles, ha publicado un compendio que desmonta punto por punto el proyecto de ley que pretende despenalizar el aborto en el país presentando 60 argumentos para la protección de la vida. Ningún argumento es religioso ni filosófico, todos son estrictamente médicos y jurídicos y desenmascaran las inconsistencias del  ‘proyecto Bachelet’.

Santiago | 30 de octubre de 2015 | La red Chile es Vida ha publicado un compendio de argumentos médicos y jurídicos para la defensa del derecho a la vida que desmonta, punto por punto, el proyecto de ley propuesto por el gobierno de Michelle Bachelet para despenalizar el aborto en el país.

El Vademécum del Aborto – 60 argumentos médicos y jurídicos para la protección de la vida, que fue elaborado por un equipo integrado por médicos, abogados y cientistas políticos, tiene por objeto ofrecer información objetiva que permita clarificar conceptos y evidenciar los eufemismos, engaños y mitos que provocan confusión en el debate sobre el aborto.

Según Elizabeth Bunster Chacón, coordinadora general de Chile Es Vida, el Ejecutivo ha dado entrada a una iniciativa de ley favorable al aborto que “no responde a las reales necesidades de las mujeres de nuestro país”, generando un debate público que “ha sido contaminado por visiones ideológicas que amenazan el irrestricto valor de la vida de todo ser humano”.

La apuesta de Bachelet para despenalizar el aborto en tres causales sigue la constante internacional de abrir camino al ‘aborto libre’ comenzando con una iniciativa de ‘aborto restringido’, dice.

El pasado sábado 31 de enero, una semana después de aprobar en el Congreso una ley que reconoce la ‘unión homosexual’, el gobierno socialista de Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley que pretende despenalizar el aborto bajo tres supuestos. En la legislación actual el aborto es un crimen bajo cualquier circunstancia.

Si es aprobada, la nueva ley permitirá el asesinato de bebés en gestación si se valora que existe un riesgo “presente o futuro” para la vida de la madre, si el niño es diagnosticado con alguna enfermedad o discapacidad, o si fue concebido en una violación. También vulnerará la autoridad de los padres de familia que no podrán intervenir en caso de que una hija, menor de edad, quiera abortar. Un juez de familia decidirá por ellos.

Contempla también una limitación a los médicos en su derecho de objeción de conciencia, pues se determina que el profesional “tiene el deber ético de informar de forma oportuna cuando una paciente se encuentra en estas causales”, si no lo hace podrá ser procesado.

El proyecto del gobierno ya fue aprobado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y tramita ahora en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El Vademécum del Aborto no ofrece ningún tipo de argumento religioso o filosófico, tiene 43 páginas, esta dividido en dos partes y una breve conclusión. La primera parte presenta argumentos médicos, así como cifras y datos del sector salud, y la segunda parte ofrece los argumentos jurídicos partiendo del orden legal vigente en el país y en el derecho internacional.

El texto cuestiona diversos eufemismos, entre ellos, ‘interrupción voluntaria del embarazo’, que se encuentra en el propio nombre de la ‘ley Bachelet’ (Proyecto de Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales) evidenciando que, desde la perspectiva estrictamente médica, se trata en realidad de aborto provocado.

Explica que no existe el llamado aborto ‘terapéutico’, pues “la muerte del nonato, nunca ha sido y nunca será una terapia para salvar la vida de la madre; quienes defienden el aborto aprovechan esta confusión para evitar usar el término ‘aborto’ a secas, que puede provocar rechazo social”.

El documento apunta que es falsa la afirmación del gobierno de que no están siendo atendidas miles de mujeres chilenas que están en peligro de muerte a causa de embarazos de ‘alto riesgo’.

“En Chile, antes y después de 1989, fecha de promulgación del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, se interrumpe el embarazo cuando hay un riesgo vital real e inminente en la madre, independientemente de la edad gestacional, en todos los centros hospitalarios de alta complejidad a los que son trasladadas. Existen varias guías del Ministerio de Salud al respecto. Estas intervenciones no constituyen delito. No son abortos provocados con la intención de matar al gestante, y no hay médicos ni pacientes que se hayan visto enfrentados a problemas judiciales por este motivo”. Es el caso de las intervenciones médicas efectuadas cuando se presenta un embarazo ectópico o tubario, por ejemplo.

Además, Chile tiene la tasa de mortalidad materna más baja de toda América Latina, y se sitúa después de Canadá y antes de Estados Unidos, que tiene aborto legal desde hace 40 años. “En Chile hay 250 mil partos al año, y fallecen unas 45 mujeres” en el mismo periodo, según las últimas cifras del Departamento e Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del gobierno.

En cuanto a las muertes por aborto, según los últimos datos del Ministerio de Salud, hubo 2 casos en 2013, en todo el territorio nacional. De hecho la mortalidad por aborto dejó de estar entre las tres primeras causas de mortalidad materna ese 2010. Por tanto, “afirmar que, se debe despenalizar el aborto a causa de las ‘muchas mujeres que mueren a causa del aborto clandestino’, es falso”.

El gobierno afirma que hay 32 mil abortos al año en Chile, sin embargo, el compendio explica que “esta cifra corresponde  todas las pacientes que egresan de un centro hospitalario cuya ficha médica registra que la mujer tuvo un aborto, […] que puede ser espontáneo o provocado” y que ya son atendidas “sin la necesidad de ninguna ley”.

“De hecho, la Ministra de Salud anunció que, de haber una ley de aborto, cubriría la atención de unos 2 mil 550 casos anuales, que corresponderían a malformaciones graves letales, que ya están siendo atendidas en la actualidad, y a casos de violación. Es decir, esta ley serviría para el 1% de los embarazos anuales en Chile”.

También es falso que las mujeres vayan a la cárcel por causa de haber abortado, “según Gendarmería de Chile, a octubre de 2014, ninguna mujer se encuentra recluida por el delito de aborto. El único privado de libertad por este delito es un facultativo de sexo masculino que fue condenado por abusar de su oficio en Punta Arenas. Además, no existió ningún caso judicializado por un aborto provocado bajo alguna de las 3 causales” invocadas en el proyecto de ley.

El vademécum elenca todas las normas legales vigentes en el país que “protege la vida del que está por nacer”, iniciando por el artículo 19 de la Constitución y los diversos artículos del Código Civil. También explica que no existe ningún tratado internacionales que reconoce un presunto ‘derecho al aborto’.

“No existe ningún Tratado de las Naciones Unidas (ONU) ni de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que contenga la palabra ‘aborto’, ni tampoco ‘derecho al aborto'”, subraya. En cambio, hay una explícita defensa del derecho a la vida, incluso del no nacido, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la convención Americana de Derechos Humanos.

Recuerda que existen algunos dispositivos internacionales que normalmente hablan de “derechos sexuales y reproductivos” y esconden una legitimación a la práctica abortiva,  pero que no son vinculantes.

El proyecto de Bachelet para el aborto no pretende sólo ‘despenalizar’ dicha práctica, valora la publicación, ya que “la propuesta no modifica solamente el Código Penal (verdadera despenalización), sino que propone reformar, además, el artículo 119 del Código Sanitario, derogando la prohibición absoluta de realizar actos cuyo fin sea provocar un aborto. La eliminación de esta prohibición permitirá que los médicos puedan realizar legítimamente un aborto a pedido de la solicitante”.

“El proyecto entonces no propone solamente un cambio de política criminal, sino que crea un ‘derecho’ de la mujer a abortar, en tres causales. Por este motivo, el énfasis del proyecto no está puesto en la no criminalización de la mujer, sino en inventar un ‘derecho a decidir’ […] cuando se legaliza una conducta, se la reconoce como un derecho”.

El compendio también subraya que es falso que el aborto se restringirá sólo a tres causales, pues “más allá de la deficiencia técnico-legislativa en la regulación de las causales del proyecto de ley, la experiencia comparada con los países con ley de aborto demuestra que no es posible que exista una legislación restrictiva del aborto. Siempre se parte de causales precisas las que se van, con el tiempo, ampliando”.

Y coloca el ejemplo de España, “que comenzó su legislación del aborto con una ley (1985) casi idéntica a la que se propone actualmente en Chile, luego de que se aprobara la llamada ley Aído (2010), que permite el aborto a libre demanda, resultó que las cifras de aborto no cambiaron. Es decir, se pudo comprobar que en la última década se realizaban 100 mil abortos anuales que no correspondían a la causal invocada”.

Y concluye: “esto es lo que verdaderamente propone el lobby abortista, cuyo objetivo no es conseguir el aborto en ciertas causales, sino tornarlo enteramente libre. Eso lo consiguen de dos formas: (i) redactando las causales de manera amplia y vaga, o (ii) directamente expresando un ‘aborto a petición de la mujer'”.

El documento fue preparado por un equipo interdisciplinar para Chile es Vida con la colaboración de Corporación Maternitas, orientada a la atención de mujeres con embarazos con riesgo o derivados de una violación; la Comunidad y Justiciaque defiende los derechos humanos y el Estado de Derecho mediante litígio de interés público y asesoría jurídica; y el site No Más Mitos.

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